Abogados laborales en Tenerife

La Ley 36/2011, reguladora del orden jurisdiccional social (en adelante LRJS), dispone el orden jurisdiccional diferenciado en el que se tratan las cuestiones relacionadas con el desarrollo del contrato de trabajo. En este orden se promueven las pretensiones relacionadas con el ámbito del trabajo y con la Seguridad Social, así como la impugnación de las actuaciones de las administraciones públicas en el ámbito de sus actuaciones.

Normalmente encontramos en este orden a trabajadores ejercitando una acción frente a su empleador o frente a la Seguridad Social, con la peculiaridad de que en el orden laboral, el convenio colectivo es la norma de mayor rango frente al contrato de trabajo. Como principios generales del derecho en este orden, se puede mencionar el de la norma más favorable, condición más beneficiosa e in dubio pro operario. Tales instituciones resultan cruciales en la resolución de conflictos en el orden social, teniendo en cuenta la especial consideración que se da a la contraposición de intereses entre las partes y que la ley asuma la desigualdad de hecho entre el empleador y el empleado.

El orden social se inclina por equilibrar esta desigual posición inicial de las partes, haciendo que algunas modalidades procesales se pase la carga de la prueba a la parte demandada, en contra de los principios que rigen el orden común.

Nuestros abogados laborales en Tenerife saben que la citación al acto del juicio equivale a tener una respuesta casi definitiva al problema suscitado en la demanda, ya que se trata de una jurisdicción, en general, rápida y basada en la oralidad, diseñada para satisfacer las pretensiones evitando eternizar situaciones indeseables en una relación como es la del contrato de trabajo.

El número de despidos individuales ha crecido con respecto a 2018 un 20,9% en el primer trimestre de 2019, según los datos recogidos en el informe periódico Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado en la Sección Estadística del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha apuntado en una nota de prensa que los juzgados de lo Social registraron entre enero y marzo 2.434 demandas por despido laboral. La provincia de Las Palmas acusó un incremento del despido del 22,8% y Santa Cruz de Tenerife un aumento del 17,9%.

Como se puede apreciar, el Derecho Laboral es una pieza fundamental del ordenamiento. El Derecho del Trabajo y el Derecho Sindical da cuenta de una serie de derechos y obligaciones que recaen en un segmento muy importante de la población, trabajadores y empresarios, en el marco de las relaciones que se desarrollan con ocasión del trabajo dependiente y por cuenta ajena. Ese conjunto de derechos y obligaciones no siempre es objeto de un cumplimiento pacífico y voluntario, y sus titulares están claramente interesados en la efectividad de los mismos, el ordenamiento jurídico facilita una serie de cauces para lograr este objetivo.

Como abogados laborales en Tenerife, conocemos las distintas modalidades procesales para impugnar los despidos, por un lado tenemos la modalidad para impugnar contra el despido disciplinario, también contamos con la modalidad procesal para impugnar las extinciones objetivas; finalmente, la modalidad procesal para impugnar las extinciones colectivas.

    • La impugnación del despido disciplinario permite reclamar contra las decisiones extintivas empresariales basadas en motivos disciplinarios a efectos de que el órgano jurisdiccional declare esta decisión nula o improcedente. Asimismo, la jurisprudencia ha ido ampliando el objeto inicial de la modalidad hacia otras decisiones empresariales que sin ser estrictamente un despido disciplinario, producen efectos similares.
    • La impugnación del despido objetivo es una modalidad que tiene por objeto que se declare la nulidad o improcedencia de la extinción de la relación laboral. Cuenta con una serie de peculiaridades que afectan, fundamentalmente, al plazo de interposición de la demanda y al contenido de la sentencia.
    • La impugnación de los despidos colectivos tiene por objeto dejar sin efecto las decisiones empresariales de este tipo y obtener un fallo judicial en el que se declare, que la decisión extintiva es nula, ajustada a derecho o no ajustada a derecho, en el caso de la impugnación colectiva; o bien que la decisión es procedente, improcedente o nula, en los supuestos de impugnación individual.
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La modalidad especial de conflicto colectivo permite resolver los conflictos que sean de carácter jurídico, es decir, aquéllos que afectan a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores, o de un colectivo genérico susceptible de ser individualizado, y que versen sobre la interpretación o aplicación de una norma estatal, convenio colectivo cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa o de una decisión empresarial de efectos colectivos. Esta es una modalidad que se configura como un procedimiento de carácter urgente y que goza de preferencia en cuanto a su tramitación.

Existe también la modalidad especial de Seguridad Social que se trata de un proceso cuyo objeto es limitado, pues ciertas cuestiones planteadas ante la Seguridad Social siguen los cauces del proceso ordinario.

La modalidad especial de tutela de los derechos fundamentales sirve al objeto de tramitar cualquier pretensión laboral fundada en la vulneración de un derecho fundamental. Las normas reguladoras de este proceso garantizan su carácter preferente y sumario.

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