Segunda Oportunidad
La Ley de Segunda Oportunidad es una norma dirigida a que las personas puedan verse exoneradas de las deudas ante insolvencias de las que no son culpables. El objetivo de la norma es la recuperación del deudor, ofreciendo así una nueva vida en un entorno de seguridad judicial en el que no tiene por qué verse subyugado ni perseguido por los pagos, teniendo en cuenta los nocivos efectos que comporta vivir en tales circunstancias.
El procedimiento que se inicia con la aplicación de esta ley tiene por objeto satisfacer el mayor importe de la deuda a los acreedores, exonerar la deuda restante. Se trata de una alternativa eficaz para aquellas personas que se enfrentan al ‘’fallecimiento’’ en la esfera de sus derechos civiles, a causa de unas deudas que suponen un hostigamiento con el que han de vivir y que elimina cualquier posibilidad de encontrarse con una coyuntura que les permita la recuperación.
La Ley de Segunda Oportunidad tiene varios beneficios para los deudores: El primero de ellos es la posibilidad de reincorporarse de nuevo a la sociedad y aportar así valor en los mercados correspondientes; en segundo lugar, abandonan la economía sumergida y pueden valerse de nuevo de medios ordinarios de financiación y contribución para la sociedad; en tercer lugar, se evita la estigmatización del individuo a causa de las deudas, un efecto psicológico nocivo tanto para quien lo padece como para quienes están a su alrededor.
Existen también beneficios para la sociedad a consecuencia de la aplicación de los procedimientos incluidos en esta ley. Se reducen los costes sociales en varios ámbitos, incluyendo administración de justicia, servicios sociales y sanidad. Sirve también para corregir y evitar la concesión de créditos de forma abusiva y fomentar así el crédito responsable. Por último, estas medidas fomentan el emprendimiento, evitando que exista una ‘’deuda eterna’’.
En cuanto a los beneficios para los acreedores, sirve al objeto de evitar los costes de ejecución que resultan infructuoso y para la reactivación económica inherente al hecho de que se concede una nueva ocasión a los deudores de incorporarse a su entorno económico.
Desde el fundamento mismo de la norma, se establece que ‘’una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer’’.
Por todo lo antedicho, hay un fundamento ético de la Ley de Segunda Oportunidad que comporta varias razones por las que es una medida efectiva y necesaria:
- Garantiza la dignidad: Evita el endeudamiento sea un arma de exclusión masiva.
- Tiene interés público: Es una medida aplicable a todos aquellos que se vean afectados.
- Es un mecanismo de distribución equitativo de los riesgos en la sociedad basada en el crédito.
- Desde la perspectiva de los derechos humanos, se fundamenta la eliminación del concepto de culpa y estigma de no poder pagar.
En cuanto a los requisitos para acceder a las medidas de la Ley de Segunda Oportunidad, puede valerse de las mismas cualquier trabajador o empresario/autónomo que reúna los siguientes:
- Esté en situación de insolvencia actual o inminente.
- Deudas inferiores a 5 millones de euros.
- No estar inmerso en un acuerdo de refinación o concurso de acreedores admitido.
- No haber alcanzado Acuerdo Extrajudicial de pagos en los últimos 5 años o haber sido declarado en concurso.
- No haber sido condenado en los 10 años anteriores por delito contra el patrimonio, Hacienda Pública, el orden socioeconómico, los derechos de los trabajadores o Seguridad Social.
Los abogados de Ley de Segunda Oportunidad de Sotomonte Legal en Tenerife, se comprometen a asesorarle y a seguir su caso y ayudarle a conseguir la exoneración definitiva de la mayor cantidad posible de deuda a través de las medidas adoptadas en la ley.